La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, encabezó este miércoles la primera de una serie de ruedas de prensa semanales destinadas a exhibir «información falsa» o carente de rigor periodístico, en un esfuerzo por mitigar los efectos que actualmente están teniendo las Fake News en la política nacional.
Durante el arranque de este ejercicio informativo, la funcionaria detalló que el análisis gubernamental no se limitará a la prensa escrita, radiofónica o televisiva de carácter tradicional. El monitoreo técnico incluirá un rastreo minucioso de las redes sociales, donde se identificarán los temas cuestionados, las identidades de los dueños de las cuentas que los replican y el impacto o alcance métrico que registran en las plataformas digitales.
El amparo del derecho de réplica institucional
Para justificar legalmente la pertinencia de este nuevo espacio, Alcalde recurrió a los antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “En 2019, la corte reconoce que no solo las personas tienen derecho de réplica, sino que también las instituciones tienen derecho de réplica. Tienen el derecho a que se aclaren las noticias falsas, la difamación sobre eventos que suceden. El Estado garantiza el derecho de la sociedad a tener información aclaratoria sobre asuntos de interés público”, argumentó la Consejera Jurídica.
Bajo esta premisa jurídica, la funcionaria defendió la facultad del Estado mexicano para disputar la veracidad de los reportajes. “Esto es lo que nos trae hoy aquí. El derecho que tiene el gobierno de México de contar con un espacio para difundir y contrastar las noticias falsas que se presentan por los medios”, puntualizó.
Ante los constantes señalamientos de organismos internacionales y defensores de la libertad de expresión, quienes advierten sobre los riesgos de estigmatización hacia la prensa desde el poder político, la exsecretaria de Estado atajó las críticas asegurando que la intención no es punitiva ni persecutoria. “Fue instruido por la presidenta, no para atacar a un periodista, no para atacar a un medio de comunicación, no decir lo que opinamos de un reportero o cualquier persona que escriba editoriales, sino contrastar dichos falsos con datos oficiales”, aclaró.
La consolidación de un aparato de «verificación»
Esta nueva comparecencia de la Consejería Jurídica no es un hecho aislado, sino la continuación y robustecimiento de una estrategia de comunicación iniciada el sexenio pasado y heredada por la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El nuevo espacio coexistirá directamente con el «Detector de Mentiras», una sección que ya se presenta semanalmente en la conferencia matutina de la jefa del Ejecutivo.
Con estas acciones, el partido oficialista, Morena, consolida un andamiaje institucional orientado a la fiscalización de los contenidos periodísticos y digitales. El antecedente directo de esta política se remonta al año 2021, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador instauró en sus conferencias de prensa el polémico segmento «¿Quién es quién en las mentiras de la semana?». Aquella sección, coordinada por Ana Elizabeth García Vilchis, marcó un hito al convertir la réplica gubernamental en un formato de televisión pública permanente.
De manera paralela, el Estado mexicano dio vida a otras iniciativas como «Infodemia», un proyecto operado a través del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Infodemia nació con el propósito manifiesto de combatir la propagación de noticias falsas en el ecosistema digital mediante infografías, cápsulas de video y alertas web.
El lanzamiento formalizado por Luisa María Alcalde confirma el interés por sumar un nuevo espacio de comunicación que busque contrastar y cuestionar la información que se difunde en los medios de comunicación tradicional, así como también en las distintas redes sociales.
