Desde el 28 de julio del 2021, algunos medios de comunicación propagaron la noticia respecto a la “Reforma Electoral”, se tocaban instituciones en base a transparencia, honestidad, grupos de interés, costos de funcionarios, fiscalización, consejeros, entre otros. Sin embargo, la “marcha representativa” del órgano institucional llegaría el domingo 13 de noviembre 2022, el evento estuvo convocado por “activistas” y políticos de oposición para “frenar” la iniciativa sobre dicha reforma propuesta por el presidente López Obrador, entre el contingente de personalidades como: Santiago Creel, Héctor de Mauleón, y Claudio X González, Julián Rementeria, entre otros. Elba Ester Gordillo mencionaba en twitter: “Ya estamos aquí listos para marchar en favor de la autonomía del @INEMexico y con ello al derecho a la democracia y la pluralidad. ¡Ni un paso atrás! #marchaINE #YoDefiendoAlINE #MarchaPorLaDemocracia”.
Por otra parte, cabe destacar que “La Maestra” Gordillo de 1989 a 2013 ocupó la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo de éste una cantera de votos y grupos clientelistas forzados durante las elecciones presidenciales relativas a Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que propiciaron la violación a los derechos (sobre la fiscalización en procesos) democráticos y ajustes logísticos,
El debate de estos últimos meses respecto a la Reforma Electoral, busca en este sentido consolidar puntos clave para la institución, pues no desaparece, pero cambia de nombre de INE a INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) y seguirá siendo autónomo; reduce la cifra de diputados de 500 a 300; igualmente senadores, de 128 a 96, a traves de eliminar los llamados legisladores «plurinominales», asignados según la votación que obtienen los partidos, y consejeros de 11 a 7, con la justificación de hacer menos costosa la democracia (asi mismo recordemos que, un número excesivo de miembros complica los acuerdos); consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), serán propuestos por los tres poderes de la Unión, elegidos por voto abierto y popular, con la finalidad de evitar “dedazos” o nepotismo (compadrazgo), con riesgo a ser elecciones erradas, el pueblo en su mayoria ignora cualidades y funciones de un consejero o magistrado electoral y probablemente al ser por eleccion popular, el partido dominante en curso podria ejercer tintes oficialistas (grupos de funcionarios, ideas y movimientos predominantes en un gobierno); Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales, reduciendo el financiamiento ordinario mensual; plantea reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión, con la justificación de no saturar estos medios, aunque quizas sea la manera de acotar la comunicación de opositores y llevar el debate o un gasto mas elevado en medios digitales e impresos; elimina órganos electorales locales e Implementa el voto electrónico, sabiendo que hay localidades remotas del pais donde esto seria contrastante; paralelo a esto, elimina (privilegios) de seguros de gastos médicos mayores colocando a todos los trabajadores en “régimen de confianza” sean inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); liquidar fideicomisos que retengan recursos públicos previstos para trabajadores y eliminar sueldos más altos al del presidente.
El 15 de Diciembre del 2022 la mayoría de Morena y aliados, frenan la propuesta modificando los cambios hechos por el Senado, y la congelan hasta febrero de 2023; posteriormente diputados de Morena, PVEM y PT retiraron del dictamen el numeral dos del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: “los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común.(…) en un mismo recuadro de la boleta (…) deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”. Luego de que la minuta fuera aprobada con 269 votos a favor y 217 en contra, Carlos Puente del PVEM, menciona: “no necesitamos que nos regalen votos”.
Tras tales circunstancias el PVEM y PT aseguraron que “no hay fractura”, sin embargo, el presidente de la Cámara baja, Santiago Creel, anunció devolver el dictamen al senado, lo que generó dudas entre los legisladores, en medio de la incertidumbre, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) teme que sean afectados sus intereses, por lo que mencionó, que las pre reformas podrían golpear la economía e inversión, las modificaciones en material electoral ponen en riesgo sus relaciones y futuros vínculos.
Para el 16 de Diciembre 2022 las asociaciones electorales de las entidades federativas (AIEEF) que agrupan 32 órganos públicos locales electorales (OPLE), muestran su preocupación a la reforma, pues podría impactar en la instalación de casillas o el cómputo de votos, afectando la organización para las elecciones locales de 2024, siendo un gran desafío para la historia del país.
El 26 de febrero se retoma el tema electoral para querer desaparecer la secretaría ejecutiva y el servicio profesional de carrera, buscando fusionar o eliminar diversas direcciones, áreas y unidades técnicas, plantea que órganos distritales pasen de 300 a 260 en todo el país con carácter temporal, la pregunta es ¿Quién capacita a casi a los 75,000 potenciales funcionarios de casilla para las elecciones del 2024?. Morena hace esta justificación para imponer la austeridad en el organismo, ello representa un ahorro de al menos 3.500 millones de pesos. Esta misma fecha el presidente de la Coordinación Política (JCP), Ricardo Monreal Ávila, anticipa resolver la constitucionalidad con la finalidad de revisar un solo artículo por el pleno cameral del senado en el periodo ordinario que iniciará el 1 de marzo, por otro lado, grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC en el senado y legisladores sin partido, que conforman el autodeterminado bloque de contención presentaron ante la corte una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto en parte por determinar que esta hecho al “vapor” y no se les dio el tiempo necesario para su revisión y ajuste.
Para el 28 de marzo, se revisa la constitucionalidad del plan B y se dicta suspensión por el ministro Laynez, respecto al Artículo 105 Constitucional. (Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse (…) noventa días antes (…) al proceso electoral (…) y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales), esto significa un plazo máximo de cinco meses para completar el estudio de fondo y emitir sentencia, dando inicio del PEF 2023-2024 a la primera semana de septiembre; en tanto”., ahora el futuro del este depende de lo que ocurra en la Segunda Sala de la SCJN.
La Sala está integrada por cinco ministros, entre ellos Javier Laynez Potisek, si bien, se requiere una mayoría de tres para confirmar o revocar la suspensión, es decir, el ministro instructor necesita de dos votos adicionales al suyo para sostener “la medida cautelar emitida”, los cuatro ministros restantes son: Luis María Aguilar (2009), Alberto Pérez Dayán (2015), Loretta Ortiz (2019) y Yazmín Esquivel (2019). Los primeros dos llegaron a la SCJN, después de una larga carrera judicial; las dos últimas son cercanas al presidente, de ellos depende que el “plan B” se reactive. Para el 16 de mayo 2023, se critica la invalidación definitiva, pues requiere de una mayoría calificada de ocho de 11 votos en el pleno de la SCJN, con el argumento de que “el oficialismo en la Cámara de Diputados omitió deliberadamente remitir la iniciativa a comisiones para su estudio y dictaminación, sin cumplir las vastas circunstancias establecidas en jurisprudencia de la SCJN”. Violando el derecho de las minorías a participar en el proceso legislativo ante el Artículo 72 Constitucional, (prohíbe de modo expreso a la cámara de origen cambiar artículos ya aprobados por la cámara revisora).
En suma, tras el caos legislativo hecho por operadores políticos en defensa del “plan b”, López Obrador ha anunciado su “plan C”, campaña basada en cuestionar los criterios éticos y Morales SCJN, el martes 9 de mayo 2023 durante la “mañanera”, así mismo, la estrategia es que los mexicanos voten por “carro completo” en 2024, es decir, no solo por el candidato de Morena a la Presidencia, también por sus diputados y senadores.
Al parecer, el “plan C” se debatirá en la arena de la comunicación, aproximadamente el 12 de mayo 2023, el consejo nacional de morena aprobó su proceso de selección al candidato presidencial (para ello habrá que renunciar a sus puestos y hacer precampaña al inicio de septiembre donde se da a conocer el ganador, sin embargo, se mandó “la restricción para los aspirantes de que no vayan a medios reaccionarios ni contrarios a la 4T, Minerva Citlali Hernández Mora como secretaria General de MORENA y encargada de esto, ha vetado dos medios, “el reforma” y “latinus”, paralelo a ello, Marcelo Ebrard hace entrevistas sin importar la imposición por medio de su partido, así mismo, se muestra respetuoso, pero autónomo a las reglas internas de MORENA. Así mismo, una la asignación de la nueva presidenta del INE Guadalupe Tadei con experiencia de 30 años en órganos electorales, y la vinculación de su familia a la 4T, (su primo Jorge Luis Tadei es coordinador de los programas sociales en sonora; su sobrino Pablo Tadei es Director de Litiomex, paraestatal de litio), esto favorece la posición de Obrador ante el INE.
Cabe mencionar que el plan es trascendental por reconocer el derecho de las minorías (partidos), mejor que en otros momentos de la historia; una fiscalización estricta; una integración de consejeros que no provienen de academia, pues después de 30 años se necesitan técnicos provenientes de instituciones electorales, más que académicos como en el momento que se creó, así mismo, el sistema electoral ha deteriorado su Interpretación garantista tras la discrecionalidad excesiva de magistrados y consejeros, tal es el caso en el arbitraje técnico y no político, los actores deben de generar mesura en redes sociales, controlar la polémica, esto, tras el papel del (consejero Murayama, que en su momento podía generar tergiversación de los temas tocados en mesas del INE y alterando la perspectiva por medio de redes sociales, cuando aún no se tenía un resultado.
Todo tipo de estos escenarios hace que el sistema electoral mexicano sea caro pues el precio es proporcional a la desconfianza, esta conlleva costos extras de verificación.
