El Paquete Económico 2026 no solo trae ajustes a refrescos, cigarros y apuestas: ahora también los gamers entran en la lista de contribuyentes “extra fiscales”.
El gobierno estima recaudar 183 millones de pesos mediante un impuesto especial del 8% a los servicios digitales de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos.
La medida, incluida en las modificaciones al IEPS, coloca al gaming en el mismo saco que productos con “efectos nocivos” en la salud y la convivencia social.
El argumento oficial
La Secretaría de Hacienda sostiene que el gravamen busca “desincentivar prácticas negativas”, tal como sucede con los refrescos o el tabaco. La lógica: si las adicciones alimentarias cuestan vidas y gastos médicos, los videojuegos violentos “costarían” convivencia y seguridad social.
¿Cuánto recaudarán?
Aunque la cifra proyectada (183 millones de pesos) es pequeña en comparación con lo que dejan el tabaco o las bebidas azucaradas, el golpe es simbólico:
- Es la primera vez que se grava al consumo digital de videojuegos en México.
- Abre la puerta a que el Estado busque más ingresos en la economía digital.
Impacto en la comunidad gamer
El debate ya está en marcha:
- Para unos, es una forma de criminalizar un hobby que millones de jóvenes disfrutan.
- Para otros, es un globo de ensayo fiscal: si funciona, el gobierno podría ampliar el espectro hacia otros contenidos digitales.
El trasfondo político
Este nuevo impuesto no solo es recaudatorio: también sirve para enviar un mensaje moralizante, en sintonía con la narrativa oficial de “bienestar social”. La pregunta es:
¿Es justo que los gamers paguen el costo de financiar programas sociales junto con los fumadores y los adictos al refresco?
