En el juicio contra Ovidio Guzmán en Estados Unidos, el relato no solo lo escriben los fiscales… también lo comunica su abogado, Jeffrey Lichtman. Y sus palabras son una señal política con destinatario claro: el gobierno mexicano.
Mientras en México el presidente López Obrador saluda a la madre de Joaquín «El Chapo» Guzmán, en Estados Unidos su hijo se declara culpable de ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y de traficar fentanilo y otras drogas a gran escala. No hay espacio para la ambigüedad: cuando la lucha es contra el crimen, se nota.
Pero lo más relevante no es el juicio en sí, sino lo que se dice fuera del tribunal. Lichtman, abogado de Guzmán, aseguró que el gobierno de México fue excluido de la negociación con su cliente por un antecedente que Estados Unidos no olvida: el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido por la DEA y luego liberado por decisión política de AMLO. Para Washington, aquello fue una traición.
En comunicación política, lo que se calla también comunica. Y la omisión del gobierno mexicano en un caso tan delicado es un mensaje fuerte: Estados Unidos ya no confía.
El problema es doble:
- Narrativa presidencial debilitada. Tanto AMLO como la presidenta Claudia Sheinbaum han intentado deslegitimar casos como el de Cienfuegos calificándolos de “fabricados”. Pero esa narrativa ya no convence a los socios internacionales.
- Desconexión entre mensaje interno y externo. Mientras en Palacio Nacional se insiste en el respeto a la soberanía, en el plano global se interpretan esas decisiones como señales de impunidad o protección.
El caso Ovidio pone sobre la mesa lo que la comunicación oficial ha intentado esquivar: una creciente pérdida de credibilidad en temas de seguridad y justicia. La administración de Sheinbaum enfrenta, desde ya, el desafío de no heredar el mismo silencio o las mismas narrativas inconsistentes.
Porque en el combate al crimen organizado, la comunicación también es una herramienta de Estado. Y hoy, la narrativa mexicana está ausente en su propio caso.
