En un contexto donde la participación ciudadana en redes sociales se ha convertido en un espacio legítimo de expresión política, el actuar de la diputada Barreras refleja una alarmante tendencia de censura disfrazada de legalidad. El reciente caso en el que una ciudadana fue sentenciada a ofrecerle disculpas públicas durante treinta días, tras publicar un tuit crítico sobre el proceso interno que la llevó a la diputación, revela no solo una falta de tolerancia al disenso, sino una utilización instrumental del poder para intimidar y castigar.
Desde una perspectiva de comunicación política, este hecho proyecta un mensaje profundamente contradictorio: por un lado, la diputada se muestra públicamente como una defensora de las mujeres y de la libertad de expresión; por otro, utiliza los recursos judiciales para humillar a una ama de casa que expresó una opinión personal. Esta incoherencia entre discurso y acción no solo debilita su credibilidad como figura pública, sino que expone un patrón preocupante: cuando el poder se siente incómodo, no dialoga, reprime.
Además, este mismo personaje votó recientemente en contra del desafuero del gobernador Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación. Este contraste acentúa la percepción pública de hipocresía: se castiga a una ciudadana por una crítica, mientras se protege a un político señalado por un delito grave. El mensaje que se emite desde el ámbito legislativo no es de justicia, sino de selectividad interesada.
La estrategia comunicacional de escudarse en el argumento de “protección de datos personales” para no admitir el debate abierto, refuerza la idea de una figura pública que evade la crítica, pero que no duda en hacer uso del aparato institucional para aplastar a quien le incomoda. No se trata solo de censura, sino de una táctica de silenciamiento, revestida de legalidad, que pone en riesgo los límites democráticos del debate digital.
Este caso no debe leerse solo como una anécdota aislada, sino como un síntoma de una clase política que busca blindarse ante la ciudadanía crítica. En tiempos donde el diálogo es indispensable, el uso del poder para castigar la opinión se vuelve un acto autoritario y profundamente antidemocrático.
