Lo que ocurrió en la conferencia matutina del 17 de julio no debe pasar desapercibido. Ante el escándalo que involucra a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco con presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República que investigue si Adán Augusto López tuvo alguna responsabilidad. Sin embargo, más allá del llamado institucional, el mensaje central fue claro: proteger políticamente a quien fue uno de los cuadros más cercanos del obradorismo.
La estrategia fue diluir la responsabilidad. Sheinbaum señaló que la violencia se incrementó durante el gobierno de Carlos Manuel Merino, no durante la gestión de Adán Augusto, como si ambos no hubieran compartido gabinete y como si Bermúdez no hubiera ocupado el mismo cargo con ambos mandatarios.
Además, pidió no emitir juicios sin pruebas. Una postura completamente distinta a la que ella misma sostuvo en el pasado, cuando exigía que Felipe Calderón respondiera públicamente por los vínculos de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Hoy, frente al caso de Adán Augusto, la respuesta institucional es que él “no sabía” lo que hacía su propio secretario.
Doble discurso, mismo guión
La narrativa del gobierno y de Morena revela una línea clara: con los adversarios se exige rendición de cuentas inmediata; con los aliados, se exige prudencia, silencio y presunción de inocencia. Esta estrategia evidencia una lógica comunicativa basada en proteger al grupo político por encima del principio de congruencia.
Mientras tanto, Adán Augusto López permanece ausente. No ha emitido una declaración pública, no ha enfrentado medios, ni ha asumido responsabilidad alguna. Su silencio, lejos de aclarar, confirma la estrategia: dejar que pase la tormenta sin confrontarla.
Carlos Manuel Merino, el nuevo señalado
Como parte del control de daños, Sheinbaum intentó desplazar la responsabilidad hacia el exgobernador interino de Tabasco, Carlos Merino, actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Sin embargo, este movimiento no resuelve la raíz del problema: Hernán Bermúdez fue parte del equipo de Adán Augusto, y los señalamientos de vínculos con el crimen ocurrieron durante su mandato.
Una narrativa que se desgasta
El manejo del caso refleja los límites de la comunicación política basada en la lealtad y no en la transparencia. Morena ha construido durante años una narrativa de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, pero casos como este ponen en duda esa congruencia. No se puede sostener un discurso de autoridad moral si se protege a quienes han sido parte del problema.
Conclusión
Este episodio no se trata solo de un escándalo local o de una disputa interna en Morena. Se trata de la forma en que el poder comunica, protege y decide a quién se le exige rendición de cuentas. El silencio de Adán Augusto y la defensa desde Palacio Nacional no son casuales. Son una señal clara de que, al interior del oficialismo, la lealtad pesa más que la congruencia. Y eso también comunica.
