Han pasado once años desde que los estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa“Raúl Isidro Burgos”, fueron vistos por última vez. Luego de los sucesos de Iguala en Guerrero, del 26 de septiembre del 2014, que dieron lugar a la desaparición forzada de 43 normalistas, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, impuso la llamada “verdad histórica” como narrativa y para darle “carpetazo” a este caso de violación a los Derechos Humanos.
Esta narrativa impuesta por el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se presentó el 28 de enero del 2015, asegurando que los normalistas fueron asesinados e incinerados; para posteriormente echar sus cenizas al Río San Juan, en Cocula, Guerrero. “Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”, precisó Karam.
La llamada “verdad histórica” sobre los 43 normalistas, solamente fue posible sostener con el apoyo y la complicidad de los medios de comunicación. La información fue replicada por comunicadores y medios, quienes señalaron las pruebas como “contundentes”. De acuerdo con Fernanda Ramírez Santos, en su tesis doctoral, “La responsabilidad social de los medios de comunicación en situaciones de crisis. Análisis del tratamiento odontológico del caso Ayotzinapa (México) en «Noticieros Televisa”, señaló la falta de contexto y antecedentes como una de las principales fallas de la cobertura que realizaron los medios después de la tragedia.
La cobertura informativa del caso Ayotzinapa, de acuerdo con la investigación realizada por la Doctora en Comunicación, Fernanda Ramírez, tan sólo en el program estelar de Televisa “en el 78% de las noticias analizadas predominan las fuentes oficiales y políticas, a expensas de las fuentes expertas que podían ayudar a dar solución al problema o que podían ayudar a que entendiéramos cómo se habían dado los acontecimientos y cuál podía ser su solución. Las fuentes expertas solo aparecen en el 6% de las unidades”. Por ejemplo, a pesar del trabajo y los hallazgos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Equipo Argentino de Antropología Forense, que cuestionaron la versión oficial de Murillo Karam, presentada en 2015 como la “verdad histórica” de los hechos, sus voces no fueron incluidas en los cortes informativos.
Además del desequilibrio en favor de las voces oficiales, también fue notable la falta de fuentes. La especialista en comunicación asegura que una sola fuente no es suficiente para generar el contraste y verificación de la información. “El porcentaje de noticias en las que se detecta un déficit de fuentes es preocupante, es decir, casi el 70% de las unidades se presentan sin una fuente, o con una sola fuente, mientras que el 26% de piezas se ajustan al estándar mínimo profesional, es decir, que incluyen entre 2 y 3 testimonios en la noticia. Tan solo en el 4% se presenta una mayor diversidad de fuentes, hablamos aquí de cuatro fuentes o más”, indica la investigadora.
Cabe mencionar que, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia, se reabrió el caso y se encontraron inconsistencias en las investigaciones, por medio del dictamen de la Fiscalía General de la República (FGR) que rechazó las investigaciones previas del caso. La desaparición de los 43 de Ayotzinapa fue calificada como un crimen de Estado por Alejandro Encinas, en aquel momento, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría Gobernación, quien presidio la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno sigue sin ofrecer respuestas claras. Varias administraciones presidenciales han pasado y la justicia aún no llega, dejando a las familias en espera y al país cuestionando la impunidad que persiste.
