La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de reforma al Código Penal Federal que busca sancionar con penas de hasta seis años de prisión a quienes difundan imágenes, audios, videos, memes o stickers manipulados mediante tecnologías de edición o inteligencia artificial (IA), cuando estos tengan como propósito dañar la reputación, identidad o dignidad de una persona. La propuesta fue presentada por el diputado Armando Corona Arvizu, integrante del grupo parlamentario de Morena, y ha generado un amplio debate sobre los límites entre libertad de expresión y protección de la identidad digital.
De acuerdo con el documento legislativo, la iniciativa plantea adicionar el artículo 211-Bis 8 al Código Penal, estableciendo que será sancionado penalmente quien, sin consentimiento, cree, transforme o difunda representaciones digitales que utilicen la imagen, voz o identidad de una persona física, con el fin de ridiculizar, acosar, suplantar o afectar su reputación. La pena propuesta es de hasta seis años de prisión y 600 días de multa, y se incrementaría en casos específicos.
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es el agravante que se aplicaría cuando la víctima sea un servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese caso, la pena podría aumentar hasta en una mitad, es decir, alcanzar hasta nueve años de prisión. También se contempla un agravante si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o si el contenido se difunde masivamente en redes sociales, plataformas de mensajería o medios electrónicos, generando un impacto comprobable en la vida personal, laboral o psicológica de la persona afectada.
Corona Arvizu argumentó que esta reforma no busca limitar la libertad de expresión, sino establecer un marco legal que proteja la identidad digital frente a los abusos derivados del uso de tecnologías emergentes. “La creación de stickers, memes y contenidos generados con inteligencia artificial, cuando se realiza sin consentimiento, representa una forma moderna de violencia que no debemos normalizar ni permitir”, señaló el legislador. Añadió que el fenómeno de los deepfakes —contenidos audiovisuales falsificados con IA— ha dejado de ser exclusivo de especialistas y ahora está al alcance de cualquier persona, lo que multiplica su potencial de daño.
La iniciativa ha sido comparada con la Ley Olimpia, que visibilizó y sancionó la violencia digital de carácter sexual. En este caso, el enfoque se amplía hacia la protección de la imagen, voz e identidad frente a usos indebidos que no necesariamente tienen connotación sexual, pero sí pueden generar consecuencias graves en la esfera pública y privada de las personas.
Diversos sectores han comenzado a pronunciarse sobre la propuesta. Mientras algunos especialistas en derecho digital consideran que es necesario actualizar el marco legal ante los avances tecnológicos, otros advierten que la redacción debe ser precisa para evitar ambigüedades que puedan derivar en censura o persecución política. En redes sociales, el debate se ha intensificado, especialmente por el énfasis en proteger a servidores públicos, lo que algunos usuarios interpretan como una posible restricción al humor político y la crítica ciudadana.
La iniciativa aún debe ser discutida en comisiones antes de pasar al pleno. De aprobarse, México se sumaría a una tendencia internacional que busca regular el uso de inteligencia artificial en la creación de contenidos digitales, especialmente aquellos que pueden afectar la integridad de las personas.
Nota Creada con IA iMx
